De acuerdo con las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el enfrentamiento registrado el pasado 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, policías federales asesinaron arbitrariamente a 22 de los 43 civiles ese día. Además, manipularon las evidencias y falsearon información.
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez dio los detalles de la investigación que determinó que en el operativo implementado por fuerzas federales contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, se violentaron gravemente los derechos humanos al manifestarse un uso excesivo de la fuerza.
También denunciaron dos casos de tortura.
“De los 42 civiles que perdieron la vida, 40 fue por proyectiles de arma de fuego, de los cuales uno fue expuesto a fuego directo cuando aún se encontraba con vida, uno resultó carbonizado y uno atropellado. En todos los casos, los disparos de arma de fuego se realizaron a una distancia mayor a los 90 centímetros”, explicó Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH.
Precisó que 22 de las víctimas estaban en desventaja frente a sus agresores al momento de su muerte, “toda vez que 13 de encontraban de espalda a sus victimarios”; mientras que a otros cinco se les disparó desde un helicóptero.
“Una estuvo expuesta al fuego encontrándose aún con vida; y tres víctimas, a pesar de que se encontraban sometidas, fueron privadas de su vida”, detalló.
Además, 15 cuerpos presentaban heridas de bala que no ayudan a establecer las circunstancias en las que fallecieron.
También un civil y un policía resultaron heridos, y tres civiles armados fueron detenidos.
La CNDH agregó que no tienen las horas precisas en las que se implementó el operativo, lo que daría cuatro horas aproximadamente para “manipular el lugar de los hechos”. Asimismo, aseguró que siete de los cuerpos fueron movidos de su posición original; las armas que fueron relacionadas con 16 cadáveres fueron colocadas deliberadamente por policías federales, y algunas otras fueron cambiadas por diferentes calibres.
La Comisión también denunció irregularidades por parte de la Procuraduría de Michoacán, en la descripción y ubicación de las víctimas en la escena del crimen, los indicios balísticos, y en las necropsias.
Tras conocer de este informe, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que el uso de la fuerza de los policías federales fue el necesario y proporcional a la agresión. Además, rechazó que hubiera ejecuciones arbitrarias.
“De los elementos de prueba se observa a nuestra consideración que el uso de las armas fue necesario y proporcional, es decir, se actuó en legítima defensa dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo, como un fusil tipo Barret y un lanzamisiles RTG. La actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos. No creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”, señaló.
Luego de aceptar la recomendación del organismo, Sales explicó que la presencia de las fuerzas federales en el rancho El Sol estuvo fundada y motivada por la denuncia de un ciudadano que reportó a más de 50 personas armadas en su propiedad.
Incluso se tiene una declaración ministerial de un sujeto que aseguró ver días antes del enfrentamiento en ese lugar al líder del CJNG, Nemesio Oseguera ‘el Mencho’, y a otros narcotraficantes.
Con información de Milenio
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