Senadores de PAN, PT-Morena y PRD, así como algunos independientes, consiguieron 45 firmas para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra de la Ley de Seguridad Interior. Se requerían las firmas de 43 legisladores.
En el texto de la controversia los senadores argumentan que la Ley de Seguridad viola 11 artículos constitucionales (1, 21, 29, 49, 73, 89, 115, 116, 119, 124 y 129), así como nueve de la Convención Americana de Derechos Humanos (1, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31).
En sus alegatos, los legisladores signantes de la acción de inconstitucionalidad sostienen que la promulgación de la Ley de Seguridad Interior constituye el último eslabón en la construcción de un Estado policiaco-militar en México.
Agregan que «se trata de la elaboración paulatina de un sistema jurídico concatenado y planeado para trastocar las bases del estado constitucional democrático de derecho y otorgarle al presidente de la República y a las fuerzas armadas facultades metaconstitucionales, en violación a la norma suprema y a los derechos fundamentales de las personas.»
Además, el hecho de que las decisiones del Ejecutivo federal o de un Consejo de Seguridad Nacional no puedan ser controladas por el Legislativo, el Poder Judicial, las entidades federativas, los municipios o los ciudadanos, lo coloca por encima de los demás órganos y poderes del Estado.
Asimismo, sostienen que se viola el artículo 73 constitucional, ya que la Carta Magna no establece la competencia expresa del Congreso de la Unión para expedir una Ley de Seguridad Interior.
Con información de La Jornada
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