Sobre un suelo polvoso, una mujer esposada con las manos a la espalda se contorsiona y gime angustiosamente, desesperada por la sensación de asfixia que le produce la bolsa de plástico con que le cubren el rostro. Gemidos y llanto que no inquietan a los militares y al menos a un policía federal que la rodean y la torturan.
Se trata de un video del 4 de febrero de 2015, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conoció en diciembre pasado y validó su veracidad. En las imágenes aparecen un capitán y un policía militar, quienes al final de los cuatro interminables minutos para la mujer la amenazan con endurecer la tortura si no habla: “¿Ya te acordaste, o quieres toques o agua?”
Subido a las redes sociales la noche del miércoles, pronto se hizo viral y precipitó un posicionamiento oficial. La Sedena confirmó la autenticidad del video, tomado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
En un comunicado, la Sedena describió: “se observa a dos militares en agravio de una civil”. Luego indica que ya fueron procesados en el fuero de guerra por “desobediencia”, al tiempo que el Ministerio Público Militar dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) para que integre la averiguación correspondiente por estar involucrado un civil.
Afirmó que “se enteró del caso el 10 de diciembre de 2015” y de inmediato dio vista al agente del Ministerio Público Militar, que posteriormente envió un desglose de la indagatoria a la PGR para que investigara en el ámbito de su competencia. Precisó que el 5 de enero pasado la Procuraduría General de Justicia Militar cumpliendo la orden de aprehensión contra ambos soldados por el delito de desobediencia, quienes están presos en el Campo Militar número uno. La víspera había dado vista a la PGR “para que determine la responsabilidad de los soldados” por estar involucrada una civil en los hechos.
La Comisión Nacional de Seguridad informó que la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal (PF) abrió una investigación sobre agentes que participaron en actos de tortura. Por el momento, los implicados no han sido separados del cargo, dijeron funcionarios federales. Mientras, la PGR confirmó el inicio de una averiguación previa contra dos militares y una agente federal.
Asuntos Internos de la PF comunicó que “coadyuvará con la PGR y estará abierta para aportar los elementos que sean necesarios para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables”.
La PGR indicó que el 7 de enero de 2016 la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura inició una averiguación previa para indagar la probable responsabilidad de elementos del Ejército, así como de un agente de la PF, quienes presumiblemente habrían participado en los hechos.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno una investigación imparcial e independiente de los hechos. “Esto debe incluir el enjuiciamiento por las autoridades judiciales civiles de los miembros de las fuerzas armadas que estén implicados en violaciones de derechos humanos, incluyendo cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando, garantizando la cooperación plena y abierta de las autoridades militares”, señaló Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI México.
Con información de La Jornada
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