Siguen los malos negocios en las administraciones públicas. Ahora es el gobierno de Guanajuato quien se ve bajo la lupa, después de que compró tierras por 161 pesos por metro cuadrado a una empresa intermediaria que los obtuvo a 4 pesos.
Con esta operación, la administración guanajuatense consiguió 294 hectáreas, lo que supone una ganancia millonaria para la empresa vendedora. Y todo esto, para que Guanajuato le regalara la propiedad a la trasnacional Toyota.
De acuerdo con avalúos bancarios obtenidos por la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, entre 2014 y 2015 el gobierno estatal pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos, que inicialmente costaron 191 millones.
Es decir, el gobierno del panista Miguel Márquez pagó un sobreprecio de 290 millones de pesos.
Por si esto no fuera poco, los ‘compradores’ se hicieron pasar por campesinos para despojar a los dueños originales. Incluso, amenazaron a los ejidatarios de las tierras ubicadas en los límites de Guanajuato con Querétaro.
Es ahí donde Toyota planea instalar una planta armadora.
Las tierras fueron revendidas al gobierno solo un mes después de su compra.
Esta investigación publicada por el portal Animal Político, buscó a Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, el funcionario no habló del tema argumentando que la compra de la tierra para Toyota aun no terminaba.
La encargada del negocio está bajo el nombre de JAOS & SGB SAPI de CV. Su dueño –por lo menos del 99.99% de las acciones- es el empresario regiomontano José María Garza Treviño.
Se trata de uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la revista Expansión, ya tiene negocios en los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.
Además, Garza Treviño se le acusó de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, mediante una investigación de Reporte Índigo en junio de 2014.
En cuanto a los registros, JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014 en Monterrey.
El nombre son las iniciales de dos ex funcionarios de la administración pasada: José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), ambos trabajaron como directivos de la Procuraduría Agraria.
Santiago es consejero, apoderado legal y negociador de la intermediaria; mientras que José Antonio es socio junto con Abraham Cherem, exfuncionario de la Presidencia de la República durante la administración de Felipe Calderón.
Los tres personajes tienen un despacho dedicado a negociar con tierras llamado “Law Social and Agro Advisor” SC (LASC).
Santiago Germán, como si fuera ejidatario, compró 12 parcelas, mismas que vendió a precio muy bajo a la empresa para la que él trabaja. Lo mismo hizo Juan José García Henríquez, que aparece en cinco contratos como campesino mientras que en verdad es apoderado de JAOS & SGB.
El domicilio fiscal de la firma de consultoría agraria se encuentra en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México: Caballo Calco 28, que por cierto también es la sede de la notaria 129, a cargo de Ignacio Soto Borja.
Soto Borja también ocupa la misma ubicación para inscribir a la empresa Losrram SA de CV, de la cual es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, otro de los socios de JAOS & SGB.
Con información de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
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