Karla, Sandra y Sarahí desaparecieron durante 2016 en San Pablo del Monte, Tlaxcala, municipio identificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte del corredor de la trata de personas.
Las tres desapariciones tienen en común una serie de omisiones e irregularidades en la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, como la pérdida de videos de cámaras de seguridad en los lugares donde fueron privadas de la libertad.
Además de estas tres niñas, otras cuatro menores y dos adultas desaparecieron en el estado. Sin embargo, para la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, en el periodo comprendido de 2012 a 2016, sólo han sido registrado la desaparición de ocho mujeres.
Otros casos de niñas y mujeres desaparecidas han sido considerados como “hechos que no constituyen delito”, por lo que sólo se han elaborado actas circunstanciadas de ellos y no son investigados.
En los casos de Karla, Sandra y Sarahí no se activó la Alerta Amber para la búsqueda inmediata de las menores. Cuando las familias acudieron ante las autoridades para denunciar, éstas se negaron a iniciar una investigación.
Sandra y Sarahí fueron localizadas, luego de sufrir abuso físico, psicológico y sexual. De sus agresores, las familias no tienen información, ya que la procuraduría no integró carpetas de investigación del caso porque “no encontró delitos qué perseguir”.
En ambos casos, las niñas denuncian que fueron violentadas por parte del personal de atención médica y psicológica de la Procuraduría Estatal, quienes además retrasaron las revisiones de las menores y no resguardaron el material genético que permitiría identificar a los agresores sexuales.
Con información de Animal Político
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