México tiene muy buenas leyes en materia de protección a solicitantes de refugio, sin embargo, no las pone en práctica de manera adecuada.
Las instituciones de nuestro país operan con recursos insuficientes y la población que llega al país en busca de salvar su vida sigue padeciendo múltiples abusos, tanto por parte de grupos criminales como de servidores públicos.
Así lo denunció Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien subrayó que los sectores más expuestos a sufrir algún tipo de violencia durante su paso por México son mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como grupos de diversidad sexual.
Grandi señaló que en ciudades como Villahermosa y Tenosique escuchó historias de «increíble violencia que me rompieron el corazón, relacionadas con violaciones, extorsiones, asesinatos y reclutamiento forzoso, cometidos en su mayoría por pandilleros de las maras.»
Frente a dicho escenario, el diplomático señaló que los organismos del gobierno mexicano que atienden a esta población vulnerable, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, trabajan en condiciones muy precarias.
«México tiene buenas leyes, incluso muy buenas en algunos aspectos, pero la implementación es un área que nos preocupa. El reto es llevar las buenas intenciones al terreno, a la práctica», concluyó.
Con información de La Jornada
Expertos en comunicación y estrategia, especializados en la evaluación, desarrollo y supervisión de la imagen pública.
