La secretaria de la función pública, Arely Gómez González, al comparecer ante la Cámara de Diputados, afirmó que a partir de que tuvo conocimiento de los hechos, ordenó una investigación, así como la práctica de una auditoría transversal en todas las dependencias de la Administración Pública Federal.
Dijo que se identificaron todos contratos celebrados entre instituciones de la Administración Pública Federal y la empresa brasileña y sus 21 filiales.
Confirmó que hasta el momento la secretaria ha iniciado 8 procedimientos administrativos sancionatorios respecto de los cuales, en 3 de ellos se está listo para emitir las resoluciones correspondientes, pero la semana pasada el Poder Judicial de la Federación, concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo para el efecto de que dichas resoluciones no sean emitidas.
Abundó en que la Secretaría de la Función Pública, usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso.
Con información de El Economista
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