El ombudsman mexicano alertó el martes que la autoridad migratoria ha venido sufriendo una «militarización» de sus oficinas, lo que podría hacer más vulnerables a los miles de migrantes que cada año arriban al país.
A través de un comunicado, la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó que, en al menos 18 estados, incluido Chiapas, en la frontera con Guatemala, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) son conducidas por personal con perfil castrense.
«Esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad», dijo la CNDH en el documento firmado conjuntamente con decenas de organizaciones civiles y albergues para migrantes.
Ni el INM, ni representantes del Ejército mexicano respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
La CNDH llamó al Gobierno a revisar la problemática, a encausar la conducción de sus representaciones hacia una perspectiva de derechos humanos, más que de seguridad, y a brindar mayor atención a los albergues.
«Expresamos nuestra preocupación por la falta de claridad en la conducción de la política migratoria y, por las diversas violaciones a derechos humanos de las que son objeto un sin número de migrantes en movilidad por nuestro país», sostuvo.
Organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han externado en el pasado su preocupación por el uso de militares en las fronteras mexicanas, ya que advierten que este tipo de medidas pueden provocar un incremento de los agravios contra migrantes.
Cada año, miles de migrantes atraviesan el país buscando llegar a Estados Unidos, sin embargo, en su largo trayecto suelen ser secuestrados y asesinados por bandas del crimen organizado, pero también son víctimas de abusos por servidores públicos, como lo han denunciado organizaciones civiles.
Información de Reuters
