Una propuesta realizada por Morena para enfrentar la crisis generada por la pandemia de COVID-19, tiene en el centro la idea de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debería revisar el patrimonio de las y los mexicanos y tener acceso a su información financiera, para medir la concentración de riqueza.
«El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que re-construirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar», inicia diciendo un comunicado de prensa lanzado desde el Comité ejecutivo nacional del partido.
De acuerdo con el texto firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, a partir de diversos análisis entre Morena y especialistas en la realidad política, social y económica del país, se concluyó que un ‘gran Acuerdo’ implica modificaciones al sistema jurídico.
Como primer punto marca el Estado de Bienestar, «como concepto y propósito, debe quedar plasmado de manera explícita en nuestra Carta Magna», se asegura.
Y agrega que «se trata de convenir la construcción del NUEVO ESTADO que habrá de emerger de la crisis que estamos padeciendo».
En un segundo punto se explica que el Inegi «debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza».
Así, el instituto «debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano», de acuerdo con lo estipulado en el comunicado.
Po otro lado, se menciona la Progresividad Fiscal «sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar».
De ahí, la visión inclinada hacia la construcción de un Consejo Fiscal que mida y evalúe de forma permanente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano, y que deberá mostrar la sustentabilidad de las finanzas nacionales.
Po último, se plantea que «la Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana».
Lo anterior, a partir del «sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación». Por lo que la COFECE tendría que «estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados».
