La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia histórica sancionando a México por mantener a dos hombres en prisión preventiva durante 17 años sin una sentencia judicial.
La sentencia ordena al gobierno mexicano eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, que permite la detención automática y encarcelamiento sin orden judicial en una serie de delitos.
“La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, se lee en la sentencia.
El caso de Daniel García y Reyes Alpízar, acusados del homicidio de una regidora panista en 2002, ha estado plagado de irregularidades y abusos de los derechos humanos.
La resolución del alto tribunal internacional ha declarado la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial.
La Corte ha destacado que la figura de la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana y limita el papel del juez, impidiendo que los imputados controviertan los hechos o discutan el fundamento de su detención.
La sentencia es vinculante y el gobierno mexicano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben encontrar una manera jurídica de cumplir con el mandato. Sin embargo, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa afectaría a miles de personas que están en prisión sin una condena, por lo que su implementación podría resultar complicada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador es un defensor de la prisión preventiva oficiosa y en 2019 amplió el catálogo de delitos en los que se aplica. La figura ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que han denunciado su uso excesivo y arbitrario.
La resolución de la Corte Interamericana ha sido bien recibida por estas organizaciones, que la han calificado como un avance en la protección de los derechos humanos en México. La sentencia también ha llamado la atención sobre la necesidad de reformas judiciales y penales en el país para garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.
