Esta semana, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, busca conseguir órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Los científicos y exfuncionarios de este órgano son señalados de estar involucrados en la entrega de 244 millones de pesos (mdp) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
«Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia y buenas agarrederas, relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, era una especie de chantaje y se le tenía que entregar esos lujos», dijo al respecto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Entre los señalados se encuentran: Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt de 2013 a 2018; Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; y Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.
De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, entre 2002 y 2018, la asociación recibió alrededor de 100 mdp para proyectos de ciencia y tecnología y obtuvo 471 mdp para cubrir gastos de operación, que incluían: choferes, celulares, servicio de bocadillos y viajes al extranjero.
En este marco, Rodrigo Roque, exdirector adjunto de asuntos jurídicos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señaló: «De ninguna manera nosotros somos delincuentes (…) Yo tengo un perfil profesional intachable, fui un funcionario público honesto, porque sí habemos funcionarios públicos honestos».
«No es una empresa, no se constituye una empresa para lavar dinero, es una instancia legal creada para que las instituciones de educación superior y el sector privado se comuniquen con Conacyt. Y está la obligación de financiar», agregó.
