José Eduardo Ravelo, originario de Veracruz, fue detenido el 21 de junio de este año en Mérida, Yucatán y murió en tre sospechas de abuso policial. María Ravelo, su madre, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.
A más de dos meses, la FGR da a conocer sus conclusiones sobre el caso y asegura que en el marco de sus labores se recabaron más de 50 testimoniales, se realizaron 45 periciales de diversas materias, más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM) y tres inspecciones ministeriales; la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.
Luego de hacerse público el caso, en agosto, cuatro elementos fueron detenidos por su presunta participación en la muerte del joven de 23 años. La madre llevó el féretro de su hijo al Palacio de Gobierno para exigir justicia. De acuerdo con las denuncias de su familia y un video dado a conocer, la víctima mortal había golpeado y violado. Sin embargo, el juez Romulo Antonio Bonilla determino el no ejercicio de la acción penal contra los policías al no encontrar elementos de prueba sobre su culpabilidad en los hechos.
En el documento antes citado, y publicado esta tarde, se establece que «a través de la mecánica de lesiones, se concluyó que las lesiones causadas a José fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida».
En agosto, en una entrevista con Azucena Uresti, la madre del joven dijo: «El alcalde no me ofreció un trato directo, pero sí con dos emisarios que mandó con mi abogado me ofreció 2 millones y medio de pesos para que me quedara callada». «Él me contó todo, por eso pido justicia por mi hijo, porque este caso no puede quedar impune. El fiscal está entorpeciendo la investigación», agregó la mujer, sosteniendo que su hijo pudo platicarle los abusos que sufrió.
Sin embargo, el documento antes citado asegura que: «En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal».
