El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó una lista de 50 puntos en los que detalló cómo se aplicarán las medidas de austeridad en su gobierno, y el proceso para combatir la corrupción.
A continuación, los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana.
- Se modificará el artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
- Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
- Se reformará la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
- La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal según el cual: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
- La Fiscalía Electoral estará encargada de que las elecciones sean limpias y libres, a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos y candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral; su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracias.
- La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad, el mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1 de junio de 2018 consistió, básicamente, de encomiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares: “Un buen juez por la casa empieza”.
- Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos.
- El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
- No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
- No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
- No habrá más de cinco asesores por secretaría.
- Sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.
- No habrá bono y otras canonjías; el salario será integral según la Constitución que a la letra dice “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y de los gastos de viaje en actividades oficiales. «Como lo establece el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República”.
- Se limitarán los viáticos al mínimo.
- No habrá partida para gastos médicos privados.
- No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
- No se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.
- Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
- Nadie tendrá guardaespaldas, sólo los encargados de la seguridad.
- Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados, oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas, de compras, contraloría interna, y otras; estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.
- Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70 por ciento del personal y del gasto de operación.
- Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, de quienes ganan más de un millón de pesos anuales; de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual; es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos.
- Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros, sólo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos.
- Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.
- No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.
- No podrá contratarse a familiares.
- Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
- No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.
- Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.
- Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y de otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores, inversionistas vinculados a la función pública.
- Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del estado, sino tiene permitido o no cuenta con autorización para ellos.
- Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos.
- No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.
- No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
- Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.
- Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares sin justificación.
- El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, de instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.
- La Residencia Oficial de Los Pinos pasará a formar parte de El Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.
- Desaparecerán las partidas para vestuario, cualquier gasto de protocolos ceremonial dedicado al presidente y a sus colaboradores cercanos y a familiares.
- Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El Sistema de Inteligencia de Gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y a combatir la delincuencia.
- Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.
- Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará en energía eléctrica en agua, servicios telefónicos, de Internet, gasolinas e insumos pagados por el erario.
- Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son, los ciudadanos, los mandantes de los servidores públicos.
- Las compras de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
- Los contratos de obra de Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.
- No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, se acabará la vergonzosa práctica de los sobornos o de los llamados “moches”.
- Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos.
- No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.
- En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen y no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción.
- Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción, y que causen daño a la Hacienda Pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes.
Comentarios
Periodista. Dedicada a la producción de material multimedia periodístico.
