Tras el motín que hubo este fin de semana en la cárcel de La Toma, en el municipio de Amatlán, en Veracruz, al este de México fueron siete los muertos por asfixia, otros siete presos heridos de gravedad y 15 policías hospitalizados. Otro recluso murió tras recibir atención médica.
Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes, dio detalles que han dado un giro a las primeras versiones que se conocían de lo sucedido. Las víctimas mortales, seis de ellas identificadas como policías, fueron encerradas en un «espacio sin salida» y murieron intoxicados por el humo después de que los internos prendieron fuego a colchonetas, según los peritajes oficiales. «Lo de ayer fue un crimen, sabían lo que hacían», ha dicho Yunes en una conferencia de prensa horas después de los disturbios.
La causa habría sido el traslado de cuatro criminales de alta peligrosidad que pertenecían a grupos delincuenciales y que desde la cárcel seguían operando y afectando a la región montañosa del estado. Los cuatro sujetos habían estado involucrados en homicidios, secuestros y otros delitos graves. La versión oficial de los hechos desmiente que el motín se debiera a una serie de reclamos contra el director del penal y que supuestamente habían sido ignorados sistemáticamente hasta que escaló la violencia. «Ese dato no lo voy a dar», dijo Yunes a pregunta expresa sobre si iba a pedir o si había recibido la renuncia del regente de la prisión.
Varias dudas rodean el caso de La Toma, en particular por qué sucedió una reyerta de tal magnitud y gravedad en un penal que está catalogado como de «seguridad media», por qué albergaba a cuatro reos de «alta peligrosidad», cómo era posible que siguieran delinquiendo aun tras las rejas y por qué su traslado provocó supuestamente tal respuesta de sus compañeros en prisión. Aún no hay pronunciamientos al respecto.
Con información de El País
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