La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que la Ley de Seguridad Interior podría vulnerar las garantías básicas de los mexicanos y no implica ningún beneficio para los miembros de las fuerzas armadas, por lo que promoverá las acciones para prevenir que se violente el orden constitucional vigente.
El organismo manifestó su respeto por la determinación del Ejecutivo federal de no ejercer su atribución para formular observaciones al proyecto de LSI, pero lamentó que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.
Las observaciones de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil que advirtieron sobre los riesgos de la polémica norma no fueron escuchados, ni tampoco intervino el Presidente de la República para formular observaciones a la ley.
La Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.
La CNDH confia en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá su función como garante máxima de la constitucionalidad en México al resolver las acciones y controversias que se presenten contra la LSI.
Con información de La Jornada
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