Los abogados del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte (PRI), lograron que el juez Gerardo Moreno, no avalara la obtención de datos bancarios que están en el expediente del caso, una situación que abre la puerta para que al llegar al juicio se pueda solicitar su anulación. También consiguieron un plazo extra para hablar con testigos colaboradores y reunir pruebas a su favor.
El abogado Marco del Toro logró evidenciar que los datos que la PGR pretendía obtener con aval del juez ya estaban en el expediente. Sostuvo que lo que en realidad quería la Procuraduría era corregir un error al haber obtenido dicha información sin una autorización judicial, lo que violó entre otras cosas los derechos de intimidad, privacidad y secreto bancario del exgobernador de Veracruz.
“Lo que ocurre en este caso es que el Ministerio público obtuvo esos datos sin haber solicitado dicha autorización, por lo que lo que pretende ahora es sanear este tema. Y el Ministerio Público pretende disfrazar un saneamiento haciéndolo ver como si fuera una nueva técnica de investigación judicial faltando al principio de lealtad, porque además no dice que quiere recabar lo que ya hizo previamente”, argumentó el abogado.
Tras escuchar a ambas partes el juez concluyó que la defensa tenía razón y que no tenía sentido avalar la obtención de datos que ya estaban en el expediente. “Este es un asunto demasiado sencillo. Si esos datos ya están en la indagatoria no puedo acceder a que se investigue lo que ya se investigó” dijo.
Además, el pasado 22 de enero concluyó el plazo de seis meses de investigación complementaria que el juez otorgó a la PGR y a la defensa para preparar sus casos. Sin embargo, tres días antes de que concluyera el plazo, los abogados de Javier Duarte solicitaron por escrito que dicho plazo se ampliara hasta por seis meses más. El juez Gerardo Moreno decidió conceder a la defensa la ampliación que solicitaba pese a que con ello se excediera el plazo de seis meses que estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Argumentó que el principio de la debida defensa se interpone a cualquier regla escrita.
El juez además avaló, con oposición de la defensa, que la PGR realice investigaciones en ese periodo. Sin embargo les “advirtió” a los fiscales que se trata de un periodo concedido a la defensa y si esta decide terminarlo anticipadamente en una semana, o en tres meses, puede hacerlo y la Procuraduría tendrá que atenerse a ello.
Con información de Animal Político
Expertos en comunicación y estrategia, especializados en la evaluación, desarrollo y supervisión de la imagen pública.
