La mayor parte de empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales y pagan una cantidad ínfima de impuestos, advirtió el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
La organización advierte que la participación de algunas empresas trasnacionales despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental.
Destacan que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades de utilidad pública, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.
Según especialistas, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.
La aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, es baja. La minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En conjunto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto del año pasado.
La extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.
Con información de La Jornada
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