A 30 meses de la desaparición de 43 ciudadanos, estudiantes de una escuela formadora de normalistas en Guerrero, el gobierno federal ha pasado de la estrategia de administrar y prolongar el tema, como ha hecho durante todo este tiempo, a una clara intención de darle carpetazo, acusan padres de desaparecidos.
Padres y abogados responsabilizaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de pretender cerrar el caso y de esta forma tratar de reducir los costos políticos a su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018.
«Hay un viraje en la posición del gobierno federal, que ha pasado de administrar nuestro caso a un cierre total de las investigaciones, pensando que eso traerá menos costos políticos en sus pretensiones de llegar a la Presidencia», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
Esta estrategia se hizo evidente en la pasada reunión de las partes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, regresó a la llamada verdad histórica e incluso lanzó la pregunta de que si los padres estarían dispuestos a aceptar que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula como línea de investigación.
Para los padres y expertos, la hipótesis de la verdad histórica no tiene ningún sustento científico, como demuestran los peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Con información de La Jornada
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