El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, señaló ayer lunes que, «la práctica de la tortura persiste en distintos ámbitos de la cadena de seguridad pública en el país», al tiempo que ofrecía la segunda disculpa pública de un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto por los actos inhumanos, degradantes y de tortura que cometieron tres agentes de la Policía Federal (PF) y dos militares en contra de una mujer.
Ha llegado el momento de terminar con esta práctica, de erradicar la tortura, porque, aunque ha habido avances, debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que el flagelo persiste, sostuvo Roberto Campa.
Este reconocimiento que hacemos el día de hoy no parte solamente de las recomendaciones de los organismos internacionales al Estado mexicano, que las hay, sino del diagnóstico con el que contamos por parte de instituciones nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, añadió el funcionario.
Finalmente, el subsecretario de Gobernación, señaló que la tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera ante los peores escenarios, pues por su gravedad es una de las peores violaciones, que no admite excepciones. No hay tortura si no hay quien la proteja; por eso es importante que exista la convicción clara de que ese flagelo no conviene a nadie. La tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos, es por sí mismo un factor detonador de violencia. Una investigación policiaca basada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad, declaró el subsecretario.
Con información de La Jornada
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