El Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto rechazó acusaciones de espionaje contra periodistas críticos y defensores de derechos humanos.
Tres agencias gubernamentales mexicanas comerciaron con NSO Group, la empresa israelí de ciberseguridad que vende el programa espía Pegasus principalmente a Gobiernos. Ellas son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional el órgano que concentra todo el aparato de inteligencia e información clasificada en México.
Reforma publicó en septiembre de 2016 que la Fiscalía mexicana había comprado el sistema Pegasus por 15 millones de dólares. La compra habría sucedido entre 2014 y 2015, durante el periodo de Jesús Murillo Karam, procurador encargado de dirigir la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Sin embargo, los vínculos entre el Gobierno mexicano y NSO Group pueden ser rastreados antes. En enero de 2014, una filtración de correos de la firma italiana Hacking Team, la competencia de NSO, reveló que empleados del Cisen conocían el programa de infección de teléfonos móviles.
En un correo de Sergio Rodríguez Solís de 2014 se asegura que la Sedena ya conocía el programa Pegasus. “Tienen NSO para móviles y están enamorados de él”, escribió el ingeniero. En 2012, dos medios publicaron informaciones sobre los contratos del ejército con la firma israelí, algunos de los cuales estaban bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría de las Fuerzas Armadas.
Incluso, Carmen Aristegui, una de las periodistas a la que se intentó vigilar, había publicado en julio de 2012 tres documentos que cerraban la adquisición del programa de malware por parte de la secretaría de la Defensa Nacional.
La investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentó el uso Pegasus para infectar las comunicaciones del activista Ahmed Mansoor en Emiratos Árabes Unidos. A los investigadores canadienses les llamó la atención que muchos servidores en México tenían una actividad similar y en febrero de 2017 demostró en un informe cómo el programa había sido utilizado en contra de Alejandro Calvillo, Luis Encarnación y Simón Barquera, dos activistas y un científico que habían impulsado en favor de gravar las bebidas azucaradas.
Con información de El País
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