Frente a la crisis de inseguridad que vive nuestro país, al menos tres Estados han regulado sus códigos penales y en otros siete se analizan modificaciones para que ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa.
«La ampliación de la figura legal de legítima defensa que se ha propagado en los últimos dos meses es una respuesta populista ante la incompetencia de los gobernantes para reducir los índices delictivos», alertan expertos en seguridad y organizaciones que se oponen a cambios en la norma.
El primero en regular la legítima defensa fue Nuevo León. A finales de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”; el código detalla ahora que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será igualmente inocente.
El segundo Estado en adoptar esta medida fue Baja California Sur. El 21 de junio, tras argumentar que la inseguridad se ha incrementado en la entidad, los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia. “Si el Estado no tiene la capacidad de otorgarle (al ciudadano) la vigilancia y la defensa por parte de los cuerpos policíacos, debe darle la garantía de apoyarlo en las consecuencias de los actos no dolosos que pudiera ocasionar durante su defensa”, se expone en el documento.
En Guanajuato aprobaron el pasado 29 de junio modificaciones a su Código Penal para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa.
Con información de El País
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