Un tribunal federal, obligó a las instituciones del Estado nacional pedir perdón en voz alta y en lugar visible a tres mujeres que estuvieron tres años y ocho meses encarceladas acusadas de un secuestro inverosímil. El acto se realizará en el Museo de Antropología en la Ciudad de México.
La Procuraduría General, a través de su titular, Raúl Cervantes, reconocerá su inocencia y pedirá perdón a las indígenas por mentiras y abusos cometidos para mantenerlas en la cárcel.
“Es emocionante. Se trata de una gran victoria después de todos estos años tan duros” explica cansada Teresa González, de 32 años, recién llegada a la Ciudad de México de su comunidad en Querétaro. “Espero que esto ayude a cambiar. Quiero que los indígenas escuchen el perdón, que sepan que tienen derechos y que esto ayude a otros que están viviendo lo mismo que pasé yo”.
La pesadilla de Teresa, Jacinta Marcial y Alberta Alcántara comenzó un domingo de marzo de 2006 por una bronca callejera entre vendedores ambulantes del pueblo y un grupo de policías.
Las tres vendían muñecas de trapo, verduras y aguas frescas en la plaza de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando seis agentes federales se presentaron en el lugar con intención de decomisar la presunta mercancía ilegal.
La operación terminó en trifulca con los vendedores cuando la policía destruyó parte de la mercancía. Luego, los comerciantes retuvieron a los agentes para exigir el pago de los destrozos y los policías, humillados, finalmente pagaron el daño.
Sin embargo, la venganza regresó al pequeño pueblo cuatro meses después cuando la policía detuvo en su casa a Teresa, Alberta y Jacinta que fueron condenadas con una surrealista sentencia; tres mujeres de metro y medio de altura, condenadas a 21 años de cárcel por el secuestro de seis policías de la Agencia Federal de Investigación.
El caso llegó a Amnistía Internacional y el Centro de DDHH Miguel Agustín Pro Juárez quien se hizo cargo y emprendió una batalla legal que terminará hoy al lograr una disculpa sin precedentes.
“La importancia no es solo por ser la primera ocasión en que una dependencia acepta su error, sino porque manda un mensaje fuerte; primero frente a la institución, porque creemos que el problema de impunidad en el país tiene que ver también con los actos corruptos de los funcionarios que no tienen consecuencias. Y segundo, es un mensaje de las tres mujeres a las miles de víctimas indígenas cuyos derechos son violados continuamente” sostiene Mario Patrón, director del Centro Prodh.
Con información de El País
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