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La empresa Electrum Capital Inc. y su subsidiaria mexicana, Minera Electrum, dirigidas por Robert John Harrington, crearon una firma apócrifa llamada Minera Indé de Durango, para apropiarse de manera ilegal de las minas de la familia Silveyra.
Desde el 2016 se ejecutó el despojo físico de los yacimientos mineros y en los meses recientes los canadienses intentaron concretar el despojo jurídico iniciando un juicio, pero sin notificarles a los dueños de los títulos de propiedad.
Los encargados de esta maniobra fueron el magistrado presidente de la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Rafael Ibarra Gil, y las magistradas Lucía López Padilla y María Victoria Lazo Castillo.
La historia del despojo de las minas de la familia Silveyra incluye la prisión ilegal de la dueña de los fundos, Leticia Arias Castro, madre de los tres hermanos propietarios y quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla, a pesar de tener 75 años y de habérserle negado la prisión domiciliaria.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha identificado 34 conflictos mineros en México. En el caso de las minas de la familia Silveyra, los canadienses están posesionados ilegalmente en la planta, edificio, la maquinaria y terrenos: Pero ellos nunca previeron que iban a tener problemas para quedarse con los yacimientos, pensaron que en la forma ilegal que lo hicieron también iban a salir exitosos al traspasar la propiedad de las minas a nombre de esta empresa falsa con la que se ostentan ellos como socios de la familia Silveyra, dice Francisco Silveyra. Y concluye advirtiendo que seguirán luchando: Vamos a luchar por la justicia, creo que llegaremos a tenerla, pero ya no lo llamaría justicia, porque hace tiempo se volvió injusticia. Este despojo no tenía razón de ser desde un principio. El tiempo nos tiene que dar la razón. Llegará la justicia, pero tarde.
Con información de La Jornada
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