Con la finalidad de que el desarrollo inmobiliario y urbano se lleve a cabo de manera ordenada y dentro de la legalidad, el gobierno capitalino diseñó un instrumento de política pública.
Se trata del Acuerdo por el que se crea la Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en la Ciudad de México, en el cual participan distintas áreas de gobierno, bajo una misma línea, en la aplicación de normas, trámites, permisos y avisos con los que deben cumplir todas las construcciones.
El Jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México explicó que con este mecanismo se busca eficientar la labor de la autoridad en esta materia.
“Es decir, que se respete la norma, que se puedan adoptar las decisiones necesarias para que eficientemos el funcionamiento administrativo, que en caso de existir cualquier irregularidad se dé aviso, y que se pueda actuar en consecuencia”, refirió.
En la coordinación participan dependencias como Procuraduría General de Justicia (PGJ), las secretarías de Gobierno, del Medio Ambiente (SEDEMA), Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), de Movilidad (SEMOVI), de Protección Civil, Contraloría General, Sistema de Aguas (SACMEX), Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y las 16 delegaciones, así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Al frente está la Secretaría de Gobierno, que convocará a las mesas que correspondan; la PAOT, en tanto, construirá una plataforma con la información que proporcionan las autoridades involucradas, herramienta que servirá para la toma de decisiones.
El objetivo de este acuerdo es generar certeza jurídica respecto de las obras y proyectos que se desarrollen para proteger el medio ambiente y desarrollo urbano mediante un esquema de trabajo conjunto entre los entes públicos encargados de determinar políticas, estrategias y acciones para el Desarrollo Urbano Sustentable.
Este acuerdo indica que todas las autorizaciones, especialmente las manifestaciones de impacto ambiental y de servicios que se deben obtener para cualquier construcción, sean conocidas y compartidas entre todas las áreas.
Las instancias, de manera conjunta, emitirán un criterio que determine que la obra puede llevarse a cabo y que se respeten elementos básicos, como plasmar un aviso, una manta –que por norma tiene que ser– donde se especifique quién es, para qué y cuál es la superficie que se está construyendo, entre otras indicaciones.
Algunas atribuciones de esta coordinación son:
• Compartir información en tiempo real respecto a demoliciones y obras que vayan iniciando para que la acción institucional sea integral, colegiada y transparente.
• Monitoreo permanente de obras iniciadas.
• Difundir los canales de captación de quejas y denuncias, por parte de la población.
• Fortalecer la aplicación eficaz de las sanciones a obras y proyectos irregulares.
• Difundir medidas de mitigación del impacto vial y factibilidad de agua en cada proyecto.
Entre las acciones que debe presentar la Coordinación destacan:
• Modificar el Reglamento de Construcciones para regular ocupaciones parciales y reforzamientos hidráulicos.
• Acuerdo para regularizar tomas inadecuadas de agua.
• Sistema de Información que transparente el cumplimiento de todos los requisitos, desde uso de suelo, hasta la construcción.
• Sistema de Vigilancia permanente, a través de lonas informativas y códigos QR.
• Visitas de verificación y clausuras.
• Verificar que se cumplan condicionantes ambientales, urbanos, de movilidad y riesgos.
El Jefe de Gobierno anunció que en la primera reunión de diseño de este documento se obtuvieron dos alcances de los que posteriormente se dará cuenta: modificación a un reglamento –que se está trabajando–, y la disposición de carácter general para permitir la equidad en la distribución de los servicios.
De acuerdo con la PAOT, esta estrategia tiene el propósito de transparencia, rendición de cuentas y la participación pública para que todos puedan tener certeza de lo que se puede y lo que no se puede hacer sobre el territorio en la ciudad, así como certeza jurídica ciudadana en la materia.
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