El consejero del Instituto Nacional Electoral impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo que rebaja 10 por ciento salarios de 32 altos mandos; aseguró que se pueden suspender otros gastos más onerosos.
Mediante una carta señaló que la sala superior deberá determinar la legalidad y la constitucionalidad de estas medidas de austeridad, anunciadas el 11 de enero después de los escándalos que provocaron gastos en remodelación de instalaciones, en teléfonos celulares y aguinaldos.
Citó varios artículos de la Constitución para advertir que los salarios de los servidores públicos serán fijados en el presupuesto correspondiente sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia del mismo o que éstos puedan renunciar a los mismos.
Propuso revisar si es necesario contratar consultorías externas, como las que solicita la Unidad Técnica de Planeación para estudios sobre organización institucional, en que INE ha erogado en años pasados decenas de millones de pesos sin obtener aún resultados tangibles.
Manifestó que sería un error confundir la defensa de la legalidad con el rechazo a la austeridad y manifestó su respaldo a la devolución del INE de mil 70 millones, destinados a la construcción de unas torres gemelas.
Con información de La Jornada
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