Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La información coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la CIDH para investigar el caso y contradice la verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República, en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Además, cuestionó a la representación gubernamental, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, las razones por las que no se investigaron esas líneas telefónicas desde octubre, noviembre o diciembre de 2014.
¿Por qué en esos meses, en lugar de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?
Con información de La Jornada
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