Los jóvenes estudiantes hicieron ese día lo mismo que varias generaciones antes de ellos: viajaron del pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala. Tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968.
Pero terminaron siendo víctimas de otra matanza. En un episodio aún confuso, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (e incluso otro más a bordo del cual iba un equipo de futbol).
Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces.
De allí nació una consigna que será coreada de nuevo este miércoles, a cuatro años de los hechos, junto con la lectura en voz alta de los nombres de cada uno de los jóvenes: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”.
La pregunta aún irresuelta sobre el destino de los jóvenes ha convertido el caso en “un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido” en los últimos años en México, en palabras del escritor Francisco Goldman, con investigaciones atascadas por la “complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno”.
Cuatro años de incertidumbre
Los familiares de los estudiantes continúan exigiendo que se esclarezca lo que ocurrió —ya tomando en cuenta lo encontrado por el GIEI—, y a mediados de este año tuvieron un atisbo de esperanza gracias al poder judicial mexicano.
Varios de los sospechosos detenidos, cuya tortura para declarar ha sido documentada por la ONU y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaron amparos en contra de su arresto.
El caso terminó frente al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de México, que en julio falló que toda la investigación había estado viciada y la única manera de remediarlo era empezarla de nuevo con un mecanismo inédito: una Comisión de Investigación en la que participaran tanto la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como los representantes de las familias. Aunque hubo un freno inicial a ese fallo, otro tribunal dijo esta semana que debe proceder la creación de la comisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envió al GIEI a México hace tres años mantiene la vista sobre las investigaciones por medio de un mecanismo de seguimiento en colaboración con la oficina de la ONU en México y la CNDH. Y hay expectativas de que el GIEI pueda regresar, quizá con una composición distinta, cuando asuma el cargo el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.
El equipo de López Obrador ya habría expresado su visto bueno a que regresen los expertos, según Mario Patrón, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que representa a los padres.
Fuente: The New York Times
