La Auditoría Superior de la Federación halló sobrecostos millonarios, probables hechos de corrupción y pagos injustificados en contratos firmados entre universidades públicas y dependencias federales.
La ASF reveló anomalías por montos que van de los 106 mil 900 pesos que pagó la UNAM por computadoras que no usa, hasta los 300 mil pesos que terminaron en la bolsa de un funcionario de la Sagarpa tras una triangulación con empresas y una casa de estudios.
En otro caso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación firmó un contrato con una universidad para dar cumplimiento al Programa de Productividad Rural. Sin embargo la universidad subcontrató el 76.4 por ciento de los servicios y efectuó retiros de su cuenta bancaria a favor de dos personas físicas por 3 millones 800 mil pesos para el pago de materiales de oficina, alimentos, combustibles, pasajes terrestres y honorarios, entre otros, sin acreditar que estos gastos estuvieran vinculados con lo pactado en el contrato con la Sagarpa.
“Además, se comprobó que una vez pagados los servicios subcontratados, las empresas realizaron transferencias por 9 millones 217 mil 900 pesos a un beneficiario que coincide con una de las dos personas físicas a las que también la universidad emitió cheques a su favor y éste a su vez transfirió 300 mil pesos y 2 millones 720 mil 800 pesos a un servidor público adscrito a la Sagarpa y a dos servidores públicos de la universidad, respectivamente”, afirmó la ASF.
También la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estuvieron involucradas en anomalías, de acuerdo con los hallazgos de la ASF. Ambas fueron contratadas por la Comisión Nacional del Agua, pero no acreditaron tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos.
La ASF detectó que durante 2016 las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal persistieron en la práctica de celebrar contratos y convenios con universidades públicas, para no hacer licitaciones públicas, donde tendrían que competir varias empresas.
Este esquema permite a las dependencias simular contratos con terceros, para desviar recursos públicos y el incrementar los gastos.
Con información de Aristegui Noticias
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