Un juez militar absolvió a seis soldados acusados de participar en la ejecución de 22 personas en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014. Además, un séptimo elemento fue condenado solamente a un año de prisión por desobediencia, pena que el militar ya cumplió.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, reclamaron que el caso ‘‘se encamina a quedar impune’’.
Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro Nacional de Comunicación Social, firmaron un comunicado en el que exigieron que se haga justicia por estos crímenes.
‘‘La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.
Las ONG lamentaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso, aún cuando hay procesos iniciados en la justicia civil, sin que hasta el momento se avance.
Dada la gravedad de este ‘‘emblemático caso de violación a los derechos humanos”, las organizaciones consideraron que la respuesta debería ser una ‘‘actuación ejemplar de la justicia’’. Por el contrario, ‘‘las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer’’.
Exigieron que se investigue la responsabilidad por la orden de ‘‘abatir delincuentes’’, pues según el relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, Christoph Heyns, ‘‘ésta debe ser indagada cabalmente’’, dado que ‘las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley, nunca pueden consistir en salir y matar criminales’’.
Con información de La Jornada
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