Por: Paola López Yrigoyen
El sector turístico es sin duda uno de los más golpeados por la pandemia. En Italia, el Coliseo perdió cinco millones de visitantes en 2020 y 50 millones de euros; en Londres, los cuatro museos de la Tate (Modern, Britain, Liverpool y St Ives) recibieron solamente una octava parte de lxs visitantes que recibieron en 2019; el Met en Nueva York tiene dificultades para llegar al 25% de aforo con el que reaperturaron en agosto; en Rusia, la afluencia turística del Hermitage en el 2020 fue el 17% de la de 2019; la Muralla China fue pisada por 74% menos turistas e ingresó 65% menos que en 2019; el Louvre y Pompidou en Francia, y el Prado en España perdieron 70% de turistas y montos equivalentes a 20 millones de euros; y el Ministerio cultural de Perú reporta una pérdida de 160 millones de soles (40 millones de euros), producto de una caída del 80% en la afluencia turística de Machu Picchu.
En México, Chichen Itzá albergó en el 2020 solamente al 37% de turistas que tuvo en 2019. Sin tener un dato exacto de los ingresos perdidos en Chichen Itzá, al ver los ejemplos previos, esas pérdidas tendrían que oscilar entre el 65% y 90% (ver info).
Estos datos son durísimos y sólo contemplan las pérdidas económicas de los grandes museos o sitios arqueológicos. Toda la economía adicional, de menor escala, pero derivada de ellos: establecimientos de comida, souvenirs, alojamiento, transporte, espectáculos culturales, música, etc., enfrentan todavía peores circunstancias, porque tienen menos apoyos gubernamentales. No es extraño salir y ver muchísimos locales y negocios cerrados. La reducida actividad económica actual y los niveles de desempleo consecuentes pintan una realidad comparable con la Gran Depresión en 1929.
En ese momento, las medidas económicas que reactivaron la economía estadounidense fueron de corte Keynesiano. Es decir, se incrementó el gasto de gobierno en obras de infraestructura, con el objetivo de impulsar el desarrollo. El gasto gubernamental se tradujo en salarios que dieron poder adquisitivo a trabajadores que por sí mismos (privadamente) no podían subsistir, y en la creación de condiciones de crecimiento: calles, escuelas, hospitales, puentes, etc. Aunado a poder gastar, porque ya se tenía una fuente de ingreso, si se hace una calle donde antes no había (por ejemplo), ya se puede transitar, construir, emprender, comerciar, etc. Es decir, de un gasto inicial y casi enteramente gubernamental, cuyo fin fue generar ingresos salariales y condiciones para crear mercados, fue que se pudo reactivar la economía y salir de la crisis.
Considerando el deterioro económico de una de las zonas turísticas más importantes del país, el sur costero de Quintana Roo y la península de Yucatán, el proyecto del Tren Maya luce como una medida Keynesiana capaz de enfrentar la crisis económica del sector turístico post COVID-19. El gobierno federal busca mantener el proyecto porque eso implica desplazar habitantes y recursos a la zona, y mover la producción de acero, cemento y vidrio. Si bien no es un proyecto esencial, sí es importante para una economía golpeada de la que dependen todxs.
Ahora, a nadie se le escapa el enorme impacto ambiental y el poco reconocimiento y respeto a la vida, costumbres, usos y derechos de las comunidades indígenas de la zona. Ambientalmente se pueden anticipar: pérdida de vegetación (por el desmonte y despalme inherente a la construcción), pérdida de productividad del suelo, cambio en las corrientes naturales de agua, riesgo de contaminación del agua y manantiales, alteraciones en el comportamiento de la fauna, y riesgo de incendios. Todo esto, cerca de zonas naturales protegidas (ver info).
Legalmente, las comunidades indígenas tienen el derecho humano de ser consultadas. La consulta indígena no es igual a la consulta popular de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De ahí que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señalara irregularidades e incumplimiento con las normas internacionales en la materia a las que está suscrito México (la OIT).
La cosmovisión de estas comunidades siempre ha valorado dos cosas que el grueso del país no entendemos de la misma forma:
1) la vida humana como unión y sinergia con la naturaleza.
2) La vida humana como una de tránsito, no legado, y que por ende busca la continuidad del mundo para las generaciones que están por venir.
La negativa a megaproyectos por parte de estas comunidades no es no querer desarrollo por no entender qué es ni refleja una vida de carencias; esta fundamentada en una visión y lógica que, a pesar de que la 4T y el grueso no entendemos del todo, no carecen de razón. Un municipio entero en Zacatecas, Mazapil las norias, carece de agua después de que la Minera Peñasquito, de la corporación estadounidense Newmont Goldcorp, obtuvo concesiones para extraer agua y operar (ver info). Los megaproyectos mineros, o en este caso, turísticos, tienen un gran impacto ecológico e hidrológico que pasa factura a la sociedad.
Por eso, nos encontramos frente a un dilema ético que no es tan sencillo resolver: ¿decides por la supervivencia de la generación presente, golpeada y empobrecida por el aislamiento y confinamiento covidiano? o ¿decides por la dignidad de las generaciones futuras al salvaguardar y proteger el medio ambiente en el que se vive hoy, pero también mañana? ¿Cedes ante las necesidades de la mayoría de hoy, o ante las necesidades de la mayoría del mañana?
