En un país no muy lejano, en una realidad no muy distante, las personas saben que cuando una ley se promulga no es garantía de que se cumpla, sobre todo si el Ejecutivo está en contra de ella.
Esto es lo que ocurre con la Ley de Amnistía y reconciliación nacional, aprobada en la Asamblea Nacional de Venezuela (que controla la oposición al régimen de Nicolás Maduro).
El pasado 11 de abril, los presidentes de las comisiones del interior y del exterior del Parlamento venezolano, Delsa Solórzano y Luis Florido, así como Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, pidieron en Ginebra, Suiza, el apoyo de diversas instancias en materia de derechos humanos de la ONU para que el Gobierno de Venezuela cumpliera la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Con ello se crearía una legislación para otorgar la extinción de la responsabilidad penal sobre delitos cometidos en un periodo determinado. Dicha ley, de acuerdo a procedimiento democrático, sería enviada al presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de revisarla, promulgarla y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial bolivariana en un plazo máximo de 10 días.
Sin embargo, Maduro, en un mensaje transmitido a todo el territorio venezolano reiteró su opinión acerca de este tema: “Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas… tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa”.
Por si fuera poco, en el preludio para concretar un proyecto que podría cambiar el destino de la nación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró la inconstitucionalidad de la norma.
Aunque ya muchos sabían que éste era el obstáculo más grande, simple y sencillamente porque la historia habla por si misma. El TSJ no ha fallado una sentencia contra el gobierno chavista en diez años.
Además, muchos de los magistrados vienen de militar en el partido del gobierno y fueron nombrados en diciembre por la mayoría chavista del Parlamento justo después de perder las elecciones en una polémica movida que muchos calificaron de inconstitucional.
Desde el principio, Maduro se opuso a promulgar dicha ley con el argumento de que favorecería la impunidad pues permitiría liberar a quienes el chavismo considera como responsables de las 43 muertes que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales de 2014.
Por su parte, la Ley de Amnistía venezolana fue una de las principales propuestas de campaña de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre; las mismas con las que el oficialismo de Chávez perdió el control del Parlamento por primera vez en 17 años.
En su momento, analistas y encuestadores atribuyeron la victoria de la oposición a la crisis económica y el voto de castigo de muchos chavistas, más que a una voluntad de liberar a los presos políticos.
¿Y quiénes son los presos políticos?
Algunos son miembros de la policía que jugaron un activo papel en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y supuestamente fueron autores de algunas de las muertes que ocurrieron en ese año.
La mayoría son algunos de los casi cuatro mil manifestantes que fueron arrestados durante las protestas que convocó Leopoldo López en 2014 para pedir la renuncia de Maduro.
Otros, como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, están acusados de conspiración por sus declaraciones y supuestas alianzas para derrocar e incluso asesinar al presidente Maduro.
Y hay incluso un grupo de tuiteros que por sus mensajes contra el gobierno, considerados parte de una conspiración, están en prisión.
Ahora a López y al resto de los procesados les queda continuar con sus juicios y apelaciones a la espera de una sentencia favorable y en caso de que no la consigan a lo largo del proceso, recibir un indulto después de ser condenados.
Lo malo es que ese posible indulto solo podría ser acordado por Nicolás Maduro, lo que en las circunstancias actuales nos parece muy difícil.
Sin duda son muchos que han expresado en los últimos tiempos su preocupación acerca del deterioro de la democracia y del estado de Derecho en Venezuela, un país con una democracia de cuento, que encarcela a opositores políticos, intimida a jueces, golpea a manifestantes, comete abusos contra detenidos, tolera a violentas bandas de civiles armados que defienden al Gobierno, cierra canales de televisión, controla al Tribunal Supremo, censura a periodistas y llena los espacios en medios con mensajes en los cuales critica a sus opositores llamándolos criminales y “fascistas”. ¿Les suena familiar?…Es mi opinión.
Licenciada en Economía por la UMSNH.
Consejera Nacional y Estatal del PAN.
Ex funcionaria pública. Orgullosa madre de familia.
